Taller de la Facultad de Química, en la cárcel Punta de Rieles. Foto: Alessandro Maradei (archivo, octubre de 2017)

En dos años, 100 personas privadas de libertad se inscribieron para cursar carreras en la Udelar

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El salto es exponencial: en 2016 eran cuatro, en 2017 cerca de 40 y este año ya hay 104 personas privadas de libertad preinscriptas para cursar alguna de las carreras que ofrece la Universidad de la República (Udelar). Los estudiantes se han inscripto en 19 carreras diferentes este año. Lograr la inscripción ya es de por sí un logro, porque significa que la voluntad de las instituciones pudo más que su burocracia y se flexibilizaron ciertas normas, por ejemplo, la que exige el carné de salud.

La interinstitucionalidad es un desafío importante: los servicios de la Udelar deben articular entre sí y con el Área de Derechos Humanos de la Comisión Sectorial de Extensión –la encargada de centralizar lo relacionado a la educación terciaria para reclusos junto con la Comisión Sectorial de Enseñanza–, además de con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Poder Judicial. Por el momento no hay egresados que hayan transitado todo su camino en las cárceles, pero sí hay varios que avanzan a paso firme, haciendo una o dos materias por semestre y dando los exámenes libres.

El pilar en que se asienta la formación universitaria dentro de las cárceles son los tutores pares: una iniciativa del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) de la Comisión Sectorial de Enseñanza, que apunta a que estudiantes de las carreras de grado ayuden voluntariamente a otros compañeros a transitar su formación. Este año algunos servicios comenzaron a creditizar la actividad, para que la participación en el programa se refleje en la escolaridad de los futuros profesionales. Además, en algunos servicios hay docentes dispuestos a trabajar como tutores y ayudar a los privados de libertad con el curso y con la preparación de parciales y exámenes.

Por el momento, la carrera con más participantes es Psicología, con 37 inscriptos. Gabriela Pasturino, docente del Área de Derechos Humanos de Extensión, estimó, en diálogo con la diaria, que esto se debe a que “ese servicio generó un dispositivo muy bueno, desde el Instituto de Educación, con un acompañamiento pedagógico y psicológico: les ayudan a estudiar y a la vez van viendo las frustraciones y los procesos que son complejos”. La Facultad de Derecho recibirá a 13 estudiantes y le sigue la Facultad de Ciencias Sociales, con 11 inscriptos. Pasturino destacó: “Hay muchos interesados en Ciencias Económicas, también hay un interés grande por estudiar Medicina, pero si las personas están privadas de libertad no pueden cursar el primer año, porque es de prácticas comunitarias, y se complican las salidas. Enfermería también es bastante demandada”.

Según Pasturino hay varios aspectos a mejorar. Los principales refieren a la falta de recursos, tanto materiales como humanos. Los servicios necesitan recursos humanos que sean capaces de hacerles seguimiento a los estudiantes mediante tutorías, porque no todos obtienen salidas transitorias. Asimismo, cada servicio debe coordinar el traslado de los docentes y los materiales. Para avanzar en estos temas, la profesora evaluó como fundamental que haya un compromiso por parte de las facultades con las resoluciones tomadas por el Consejo Directivo Central (CDC), para hacerse cargo de todos sus estudiantes, incluyendo aquellos que están privados de libertad.

El otro aspecto a mejorar son las condiciones de estudio en las unidades: “Tenemos casos muy distintos. Algunos tienen internet, otros tienen espacios físicos y horarios de estudio, mientras que en otros casos se le rompen a un estudiante todas las fotocopias en una requisa y hay que llevarlas todas de nuevo, o tienen poco tiempo en un espacio donde puedan estudiar, porque la mayor parte del día están en una celda con gente con intereses que no son los más compatibles con una carrera universitaria”, detalló Pasturino.

Hay tres debates que desde Extensión se busca dar con cada servicio. En primer lugar, buscan asentar la perspectiva de derechos. “Todas las personas tienen derecho a estudiar durante toda su vida; nosotros, como una institución pública, tenemos el deber de hacernos cargo de esa demanda”, comentó la docente. Además, agregó que intentan dejar en claro que es responsabilidad de la Udelar “facilitar el acceso a las personas que menos posibilidades tienen para estudiar, porque partimos de la idea de democratizar el acceso a la enseñanza terciaria; es una cuestión de derechos y hacerlo tiene consecuencias para el desarrollo del país”. Por último, dijo que “desde un principio de derecho y por criterio, las personas se pueden juzgar por un delito una sola vez, y no le corresponde a un docente universitario, ni a la Universidad, juzgar otra vez a una persona que ya está cumpliendo una condena”.

Línea de tiempo | El proceso para incorporar a los privados de libertad a la Udelar comenzó formalmente en 2016, mediante el gremio de estudiantes de la Facultad de Ingeniería que, sensibilizados por un compañero que llegaba a clases desde la cárcel en bicicleta, buscaron allanarle el camino. A partir del pedido de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay se formó una comisión para estudiar el tema con delegados de todos los órdenes. A finales de aquel año se expidió la comisión y el CDC resolvió encargarle al Área de Derechos Humanos de Extensión, junto con la Comisión Sectorial de Enseñanza, la centralización de todo lo relacionado a los estudiantes privados de libertad.

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